El avance reciente de los combatientes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, junto a facciones tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA), sitúa a Malí en el centro del mapa de la inestabilidad africana. La situación evoca el escenario de 2012, cuando una convergencia similar entre yihadistas e insurgentes separatistas estuvo cerca de provocar el colapso definitivo del Estado. Sin embargo, la situación actual es aún más inquietante: esta vez no hay actores externos con capacidad ni voluntad de intervenir, y el Estado maliense muestra signos claros de agotamiento estructural.

Malí se ubica en una región estratégica y frágil: el Sahel, una vasta franja de transición entre el Sáhara y las sabanas del África subsahariana. Carece de salida al mar, comparte fronteras extremadamente porosas con siete países y alberga una diversidad étnica que, lejos de ser un problema en sí misma, se ha convertido en un factor de conflicto cuando es instrumentalizada políticamente. Con menos de veinte millones de habitantes, elevados índices de pobreza, analfabetismo y crecimiento demográfico, el país ocupa posiciones alarmantemente bajas en los indicadores de desarrollo humano. En ese contexto, la capacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia se ha ido diluyendo progresivamente.

La crisis de Malí no es un fenómeno repentino ni exclusivamente militar. Es el resultado de una acumulación de factores históricos, políticos, sociales y económicos

La crisis que hoy sacude a Malí no es un fenómeno repentino ni exclusivamente militar. Es el resultado de una acumulación de factores históricos, políticos, sociales y económicos que, como un rizoma, se entrelazan de forma simultánea y cambiante. Desde la proclamación de la independencia en 1960, el Estado maliense ha tenido enormes dificultades para integrar territorios, comunidades y modelos de vida profundamente distintos bajo una autoridad central efectiva. Esa fragilidad se ha hecho especialmente visible en el norte del país, donde las comunidades tuareg han protagonizado varias rebeliones armadas a lo largo de las décadas, la última de ellas en 2012. La desigualdad reina dentro de la sociedad tuareg donde existen una casta de nobles, los Imajaghen, secesionistas,  y otra de vasallos, los Imaghad.

La cuarta rebelión tuareg coincidió con la descomposición de Libia. La retirada de las tropas francesas en 2022 marcó el inicio de un nuevo equilibrio, mucho más inestable

La denominada cuarta rebelión tuareg coincidió con la descomposición de Libia y el retorno al Azawad de combatientes bien armados, antiguos miembros de brigadas tuareg del ejército libio integradas en la Legión Verde. Aquella insurrección, inicialmente secesionista, acabó convergiendo de forma coyuntural con grupos yihadistas que aprovecharon el caos y el repliegue del ejército maliense para expandirse con rapidez. La intervención francesa —mediante las operaciones Serval primero y Barkhane después— logró frenar temporalmente el avance hacia Bamako, pero no resolvió las causas profundas del conflicto. La retirada definitiva de las tropas francesas en 2022 marcó el inicio de un nuevo equilibrio, mucho más inestable.

En paralelo, el yihadismo en Malí ha experimentado una profunda transformación. Lejos de ser un fenómeno exógeno, importado desde Oriente Próximo o Afganistán, ha sabido adaptarse al contexto local. El JNIM, opera principalmente en el Sahel, sobre todo en Malí, aunque también en Burkina Faso, Níger y países limítrofes.Creado en 2017 mediante la fusión de varias milicias armadas, es la culminación de ese proceso. Bajo el liderazgo de Iyad Ag Ghali, antaño referente del movimiento tuareg, el grupo ha vertebrado una estructura jerárquica flexible que armoniza disciplina ideológica, conocimiento del terreno y capacidad para integrarse en las dinámicas sociales locales.

El discurso religioso constituye su principal herramienta de legitimación, pero no su motor real. Para una parte considerable de la población, especialmente jóvenes sin expectativas de empleo ni reconocimiento social, integrarse en milicias es una estrategia de supervivencia y ascenso en un entorno marcado por la ausencia del Estado. En muchas zonas rurales, JNIM actúa como árbitro de conflictos, garante de seguridad o proveedor de justicia rudimentaria, ocupando el vacío dejado por las instituciones estatales. Esta capacidad de gobernanza informal explica por qué su erradicación exclusivamente militar resulta difícil.

El conflicto adopta formas diferenciadas según las regiones. En el norte de Malí, en áreas como Kidal, Gao o Tombuctú, convergen el independentismo tuareg, el yihadismo y el control de rutas estratégicas del crimen transnacional. El dominio del territorio garantiza el tráfico de drogas, armas y personas, así como para el secuestro de rehenes y la explotación de recursos minerales como el oro o el uranio. En este escenario, la retórica identitaria y religiosa vela intereses económicos y jerarquías sociales arraigadas.

En el centro del país, en cambio, la violencia responde a una lógica distinta. Allí predominan los conflictos inter e intracomunitarios por el acceso a tierras de cultivo, pastos y recursos hídricos cada vez más escasos debido al clima y a la presión demográfica. La Katiba Macina, integrada mayoritariamente por combatientes de etnia peulh, capitaliza esas tensiones presentándose como una fuerza de protección frente a arbitrariedades del Estado, abusos de milicias rivales o comunidades enfrentadas. En este marco, el elemento religioso es secundario ante la lucha por la supervivencia.

A esta complejidad se suma la responsabilidad del propio Estado maliense. Las sucesivas juntas militares, especialmente desde el golpe de Estado de 2020 encabezado por Assimi Goïta, no han logrado revertir la degradación institucional. Las Fuerzas Armadas de Malí evidencian una inoperatividad persistente y una dependencia de actores externos, como los mercenarios rusos del África Corps, sin lograr resultados estratégicos duraderos. Al mismo tiempo, la proliferación de milicias armadas de autodefensa con la complicidad del Estado añade nuevas capas de violencia y descontrol.

El abandono progresivo de Malí por parte de la comunidad internacional agrava este escenario. La retirada de la misión de paz de Naciones Unidas (MINUSMA), el éxodo de organizaciones no gubernamentales y la ausencia de una estrategia coherente por parte de las potencias regionales e internacionales han dejado a la población civil atrapada en un conflicto sin horizonte de resolución. En un mundo saturado de crisis, el Sahel ha dejado de ser prioritario, aunque sus efectos —terrorismo, migraciones, crimen organizado— sigan teniendo un alcance global.

Malí no se enfrenta solo a una insurgencia armada, sino a una crisis de estatalidad

Malí no se enfrenta solo a una insurgencia armada, sino a una crisis de estatalidad. El país se ha convertido en un ecosistema donde coexisten actores armados, economías criminales y comunidades que buscan adaptarse a un orden impuesto por la fuerza. El seísmo yihadista que sacude Malí no es un fenómeno puntual: es la manifestación de un colapso gradual, cuyas ondas expansivas amenazan con reconfigura el equilibrio del África occidental.