Resulta curioso observar cómo cierta derecha española, que gusta de presentarse como guardiana del orden, la propiedad y la tradición, entra en pánico existencial cada vez que alguien pronuncia la palabra ‘expropiación’. El término actúa como un conjuro que despierta temores apocalípticos de colectivismo soviético, como si se tratara de un ataque directo al fundamento mismo de la civilización occidental.

El término ‘expropiación’ actúa como un conjuro que despierta temores apocalípticos de colectivismo soviético, como si se tratara de un ataque directo al fundamento mismo de la civilización occidental

Sin embargo, quienes así reaccionan parecen ignorar, o prefieren olvidar, un detalle incómodo: el principal instrumento legal que hoy permite al Estado y a las administraciones públicas expropiar bienes privados por causa de utilidad pública o interés social fue aprobado en 1954, durante el régimen del general Francisco Franco. La Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sigue vigente en lo esencial más de siete décadas después.

¿Era, pues, Franco un criptocomunista? ¿Un precursor inadvertido de las políticas redistributivas de la izquierda contemporánea? La mera pregunta, por absurda que parezca, revela la inconsistencia del argumento.

La expropiación forzosa no es un invento revolucionario del siglo XX, ni mucho menos una importación bolivariana. Se trata de una figura jurídica clásica, presente en la mayoría de los ordenamientos occidentales

La expropiación forzosa no es un invento revolucionario del siglo XX, ni mucho menos una importación bolivariana. Se trata de una figura jurídica clásica, presente en la mayoría de los ordenamientos occidentales, que permite al poder público intervenir en el derecho de propiedad cuando medie una causa de interés general debidamente justificada y con la correspondiente indemnización. Durante el franquismo, esta herramienta se empleó de forma sistemática para llevar a cabo grandes infraestructuras, pantanos, carreteras y el desarrollo urbanístico de la época. El Régimen no mostró especial escrúpulo a la hora de limitar la propiedad privada cuando ésta chocaba con lo que consideraba el bien común del Estado.

Cuando la izquierda propone utilizar instrumentos similares para abordar la llamada ‘emergencia habitacional’ se desata inmediatamente la alarma y se invoca el fantasma del comunismo

Hoy, la reacción de ciertos sectores de la derecha ante cualquier mención a la expropiación resulta, cuanto menos, paradójica. Cuando un gobierno conservador expropia terrenos para un polígono industrial, una línea de alta velocidad o un proyecto energético, la medida se presenta como necesaria y responsable. En cambio, cuando la izquierda propone utilizar instrumentos similares para abordar la llamada ‘emergencia habitacional’ (por ejemplo, actuando sobre viviendas vacías en manos de grandes tenedores), se desata inmediatamente la alarma y se invoca el fantasma del comunismo.

Esta doble vara de medir pone de manifiesto una hipocresía poco elegante. La propiedad privada, tal como la reconoce nuestra Constitución en su artículo 33, no es un derecho absoluto. Su contenido está delimitado por su ‘función social’. Esta idea, que tanto escandaliza a algunos hoy, no surge ex nihilo en 1978: ya formaba parte del imaginario jurídico del tardofranquismo.

La verdadera discusión, por tanto, no debería girar en torno a si la expropiación es legítima o no (pues lo es, dentro de cauces legales y con garantías), sino sobre los límites, los fines y los criterios con los que se aplica. ¿Qué se considera interés general? ¿Quién decide qué bienes cumplen o no su función social? ¿Dónde trazamos la línea entre el legítimo ejercicio del poder público y el abuso ideológico?

Lamentablemente, en lugar de sostener un debate sereno sobre estas cuestiones, una parte de la derecha prefiere el grito fácil y la descalificación automática. Se rasgan las vestiduras ante la mera posibilidad de que el Estado intervenga en la propiedad, olvidando que ese mismo Estado, incluso bajo el régimen que tanto veneran, ya lo hacía con total naturalidad cuando le convenía.

La propiedad privada es, sin duda, un pilar fundamental de cualquier sociedad libre y próspera. Pero convertirla en un fetiche intocable, mientras se ignora su dimensión histórica y jurídica real, no es defensa de la libertad: es idiotez consumada. Y resulta especialmente irónico que quienes más invocan la figura de Franco para legitimarse sean los mismos que se escandalizan de una herramienta legal que él mismo dejó perfectamente articulada en nuestro ordenamiento jurídico.

Si la expropiación forzosa convierte en comunista a quien la defiende, entonces habrá que reescribir la historia reciente de España… empezando por el ‘Generalísimo’

Quizá antes de lanzar acusaciones de comunismo sería prudente revisar con honestidad la propia tradición. Porque si la expropiación forzosa convierte en comunista a quien la defiende, entonces habrá que reescribir la historia reciente de España… empezando por el Generalísimo.