La antigua prisión de Málaga, un edificio cargado de historia y simbolismo en el distrito de Cruz de Humilladero, se ha convertido en el nuevo escenario de batalla entre el movimiento vecinal y los planes de la administración. Bajo el paraguas de La Vecinal Málaga y la plataforma MAP, decenas de residentes se concentraron el pasado sábado a las puertas del inmueble para expresar un rechazo unánime: la intención de ceder este espacio público para el lucro de un centro de Formación Profesional (FP) privado. Los vecinos lo tienen claro, el edificio debe ser un motor de cohesión y no un negocio.
La reivindicación vecinal no es nueva, pero ha ganado intensidad ante los últimos movimientos burocráticos. Los colectivos sociales defienden que la antigua cárcel es el lugar idóneo para albergar infraestructuras que los barrios de la zona llevan años demandando. Reivindican su uso público y social como un elemento fundamental de cohesión vecinal, proponiendo espacios que abarquen desde centros culturales hasta equipamientos asociativos que den vida a una zona con alta densidad de población y falta de espacios comunes.
Para los manifestantes, ceder este patrimonio a una entidad privada para fines educativos lucrativos supone dar la espalda a las necesidades reales de los residentes de Cruz de Humilladero y los barrios colindantes. «Lo vamos a conseguir», es el lema que resuena entre unas familias que no están dispuestas a perder una oportunidad histórica de regenerar el distrito desde lo público.
El conflicto de la antigua cárcel pone de relieve un debate recurrente en la Málaga actual: el modelo de ciudad. Mientras la administración ve en la cesión una vía para rehabilitar el edificio y generar actividad económica, los vecinos ven un proceso de privatización de equipamientos públicos. El valor sentimental y arquitectónico de la cárcel, sostienen, debe ser preservado bajo una gestión que garantice el acceso universal y el beneficio directo para la comunidad que ha convivido con sus muros durante décadas.