El pasado 14 de febrero se conmemoró el asesinato por ETA del catedrático de Historia del Derecho de la UAM y antiguo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Tomás y Valiente. Estaba hablando por teléfono con su colega Elías Diaz —gran amigo mío con el que conviví en el Colegio Mayor “César Carlos”, junto con otro profesor asimismo vilmente asesinado por ETA, Manolo Broseta—, cuando el terrorista etarra Jon Bienzolas entró en su despacho y le descerrajó tres tiros mortales. Los Reyes presidieron el homenaje que se le brindó en la Universidad y el rey Felipe VI —que fue alumno de Tomás— afirmó que, cuando se elegía la violencia frente a la palabra, el objetivo era matar la convivencia, cercenar la libertad y sembrar el odio, lo que impedía la comprensión de quienes pensaban de forma distinta. El Rey instó a continuar trabajando por una convivencia pacífica, democrática y solidaria, en el marco de la Constitución, e inspirados en la memoria y la dignidad de las víctimas. Tras condenar el terrorismo, subrayó que “cuesta creer que todavía hoy haya quien lo justifique y no lo condene”. Si Majestad, cuesta trabajo, sobre todo cuando, desde el Gobierno de la Nación, se conceden privilegios exorbitantes a los criminales etarras, se blanquea a los partidos herederos de ETA, y se menosprecia y humilla a las víctimas del terrorismo.

Antecedentes

Pese a los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de falsear la Historia con las Leyes de la Memoria Democrática y del la de coalición PNV—PSOE en el País Vasco de fomentar la amnesia colectiva de la sociedad local sobre los crímenes de ETA, de pasar página como si nada hubiera ocurrido y de “normalizar” la situación en la Comunidad, los hechos son testarudos y se podrán maquillar, pero no ocultar. Entre 1961 y 2018, “Euskadi Ta Askatasuna” –“País Vasco y Libertad”— cometió numerosos atentados que causaron 854 muertos y más de 3.000 heridos, 86 secuestros e innumerables extorsiones con su imposición del “impuesto revolucionario”. Entre los asesinados figuraron 486 miembros de la fuerza de seguridad o del Ejército y 183 civiles. Aunque ETA presumiera de ser un movimiento antifranquista, el 95% de sus actividades criminales se realizaron después de la muerte de Franco y cuando España era ya una democracia plena. Si en una primera época sus objetivos eran las fuerzas de seguridad, a partir de su decisión de “socializar el sufrimiento”, cualquier persona poda ser víctima de sus atentados, especialmente los políticos —12 del PP, 8 del PSOE y 2 de UPN, ninguno de partidos nacionalistas—. Especial relevancia política tuvieron los asesinatos del popular Gregorio Ordóñez en 1995, del socialista Fernando Mújica y de Francisco Tomás en 1996, y del concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

Tras el asesinato de Tomás, el alumno de la UAM Andrés González Lipiani propuso hacer manifestaciones de protesta en toda España, en las que los manifestantes se pintaran las manos de blanco. Al día siguiente, 15.000 personas acudieron a la UAM y, cinco días más tarde, un millón de personas desfilaron en Madrid con ambas manos. Era un movimiento espontáneo que, por primera vez, plantaba cara a ETA desde la sociedad civil, al que se sumaron Felipe González y José María Aznar y dirigentes del PSOE y del PP, en un espíritu de unidad inimaginable. Como ha declarado Lipiani, “lo que hicimos los estudiantes fue construir un movimiento, pero ahora todos los políticos destruyen continuamente”. Se creó la Asociación Universitaria Manos Blancas, que se sumó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a la Fundación Gregorio Ordóñez. La reacción popular se intensificó tras el asesinato en 1997 de Blanco, que provocó el “espíritu de Ermúa” y una condena generalizada de ETA, incluso en el País Vasco.

Este ambiente de colaboración hizo posible que se adoptara la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que permitía la ilegalización y disolución por decisión judicial de los partidos que vulneraran los principios democráticos. Entre las conductas sancionables figuraban vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales o exculpar los atentados contra la vida o la integridad de las personas; fomentar, propiciar o legitimar a la violencia como método para la consecución de objetivos políticos; complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional y atentar gravemente contra la paz pública; someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos o a la población en general; o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma (artículo 9). En 2003, el Gobierno del PP propuso y obtuvo la ilegalización de Bildu por parte del Tribunal Supremo (TS), con lo que ETA perdió a su principal portavoz político. Sin embargo, cuando Rodríguez Zapatero llegó al poder, cerró cualquier posible colaboración con el PP, acercó posturas con los partidos nacionalistas vascos e influyó sobre el TC presidido por Pascual Sala para que anulara —contra derecho— las sentencias del TS que habían rechazado la candidatura de Bildu con Eusko Alkartasuna —2011— y las que ilegalizaron a los partidos Bildu —2003— y Sortu —2012—.

Opaca, acelerada e injustificada liberación de presos etarras

Cuando el Gobierno del PSOE se acercó a Bildu para solicitar su apoyo, su secretario general, Arnaldo Otegui, exigió como contrapartida dos condiciones principales: la liberación de los presos etarras y el blanqueo integral del partido, que le permitiera su acceso a parcelas de poder, tanto en el País Vasco como en Navarra. Dicho y hecho. Si Zapatero legalizó a Bildu, Sánchez lo blanqueó —dándole legitimidad democrática—, facilitó su acceso al poder en los municipios y acabó por integrarlo en la dirección del Estado, haciendo de él uno de sus socios preferentes. Pero la prioridad en el tiempo era la liberación de los presos y a esta tarea se dedicó el ministro de Interior, Fernando Grande—Marlaska, pagando en especie, con carne de cárcel, el apoyo de Bildu. El ministro —que en su dorada época de juez estuvo amenazado de muerte por ETA— ha sufrido un extraño “síndrome de Estocolmo con chapela” y, en vez de perseguir a sus esbirros con la espada de la justicia, los ha perdonado, los está tratando con un cariño digno de mejor causa y los está liberando uno a uno.

Otegui ya confesó hace 5 años a sus huestes que su máxima prioridad era la liberación de los 200 presos políticos de la Organización y que, si para lograrlo había que votar a favor de los presupuestos generales del Gobierno español, pues se aprobarían dichos presupuestos y lo que fuera necesario. El fraternal pacto —calificado por Núñez Feijóo de “encapuchado”— se cerró en 2021, tras las negociaciones de Santos Cerdán. Ese mismo año, Marlaska envió los 130 presos etarras encarcelados en diversas prisiones de España a las tres cárceles vascas, y —el 17 de julio— el Gobierno de Sánchez adoptó el Real Decreto 474/2021 sobre ”Traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria”. A partir de entonces, todo fue soltar lastre por parte del Gobierno de coalición del PNV y del PSOE.

Para ello, se ha servido de una interpretación torticera del Reglamento Penitenciario de 1996, conforme al cual los presos se dividen en 3 categorías o grados: 1° —a los que se aplica medidas de seguridad muy estrictas en un régimen cerrado—, 2° —el régimen ordinario—, y 3° —un régimen abierto que permite a los presos salir con frecuencia de la cárcel—. Se clasificará en el grado 1° a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia, en el 2° a los penados en quienes concurran una circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir en semilibertad, y en el 3° a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

Cuando el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021, había en las cárceles de la Comunidad 222 internos, 166 de los cuales estaban en el grado 1° y 56 en el 2°. En la actualidad, no hay ningún penado sometido al grado 1°, de lo que cabe deducir de todos los presos etarras —que son la inmensa mayoría de los encarcelados— son buenos y benéficos, como demuestra que el Gobierno de coalición haya concedido el tercer grado a 114 presos etarras (¡!). Fueron excarcelados 7 terroristas de forma condicional —incluido Asier Carrera, asesino del dirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta—, otros 7 por cumplimiento de la pena máxima, y 3 por descontarles años de encarcelamiento cumplidos en prisiones extranjeras.

Pero la forma más sibilina que ha beneficiado ya a 16 presos etarras concediéndoles un grado 3° “de facto”, ha sido la de recurrir al artículo 100—2 del Reglamento, que establece que “el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto a cada penado, se puedan combinar aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que, de otra forma, no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”. Mientras que para la concesión del tercer grado se requiere la previa autorización del Juez y se suspende si la recurre el Fiscal, esta disposición excepcional —que fue incluida para cubrir situaciones especiales, como la de un preso que necesite tratamiento médico externo— es de aplicación inmediata. Ha
perdido su excepcionalidad y se aplica sin justificación alguna, como en los casos de los notorios criminales Garikoitz Azpiazu «Tseroki», Juan Ramón Carasatorre —asesino de Ordóñez— o el propio Karaka. Entregados por Francia, Txeroki lleva l6 meses en España y solo ha cumplido 17 años de cárcel de los 30 de pena máxima, y Karaka lleva 7 años y ha cumplido 27.

Según ha observado Hugo Marugán en “El Debate”, la ley no prohíbe aplicar el citado artículo a los autores de delitos de terrorismo, pero exige una valoración rigurosa de factores como el arrepentimiento o la desvinculación de la organización criminal y —como ha señalado la presidente de COVITE, Consuelo Ordóñez— no se da en los casos de concesión ni uno, ni otra, generando una sensación de impunidad. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxea, ha dicho que se ha cumplido escrupulosamente la legalidad, lo que no es cierto, porque no se ha demostrado la excepcionalidad que justifique el recurso al artículo 100—2 y se ignora sistemáticamente a las víctimas, a las que no se informa de la concesión de privilegios a los etarras. La periodista Marisa Guerrero —a la que Txeroki envió un paquete bomba— ha afirmado que su salida de la cárcel resultaba previsible porque respondía a los acuerdos políticos del Gobierno vasco con Bildu para que salieran de la cárcel todos los presos de ETA. “Tseroki es un estandarte de la izquierda abertzale y su supuesto abandono de la violencia es igual a cero”. Guerrero ha lamentado la opacidad con la que la Consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, facilita beneficios penitenciarios a los etarras sin informar a las víctimas, pese a su obligación de hacerlo. Ésta ha sido incapaz a dar una respuesta coherente a las preguntas de los periodistas de por qué no cumplía con su promesa —que además es una obligación legal— de informar a las víctimas, que se encuentran totalmente indefensas ¿Quién va a protegerlas frente la posibles represalias de los “liberados” y sus secuaces? Ha sido espectacular el tufo mafioso que acogió la salida del “capo” de la cárcel, con escuadras de encapuchados prestándole protección.

Como ha editorializado ”El Mundo”, la concesión del régimen de semilibertad a Txeroki supone un paso determinante por su fuerza simbólica en la progresiva desnaturalización del cumplimiento de las penas impuestas a los terroristas. La aplicación sistemática de la norma excepcional del artículo100—2 a los presos de ETA que no han repudiado su pasado, ni colaborado con la justicia para esclarecer los 358 crímenes sin resolver, lo convierte en un atajo hacia el tercer grado sorteando las condiciones que la ley exige. Casi un centenar de presos etarras están ya en semilibertad y Otegui ha convertido a Bildu en socio preferente de Sánchez. “El vaciamiento de las cárceles… se inscribe en ese intercambio opaco y nunca explicado”. La memoria de las víctimas no es una cuestión ceremonial, ni un ajuste de cuentas con el pasado, sino un pilar de la democracia, porque ellas acreditan que ETA no formó parte de un conflicto, sino que conformó una organización criminal sostenida durante décadas por un entramado político y social que justificó la violencia o miró hacia otro lado. “A medida que el terror se aleja en el tiempo, se abre paso la ignorancia y, con ella, la tentación de trivializar lo ocurrido, de equiparar a víctimas y verdugos, y de normalizar a quienes nunca han condenado la violencia”. ETA fue derrotada gracias a la firmeza del Estado de Derecho, pero semejante victoria no se consolidará si se tolera la legitimación política de sus herederos, se aceptan eufemismos sobre los presos o se relega a las víctimas a un segundo plano por conveniencia parlamentaria. “Una democracia también se mide por su capacidad para preservar la verdad frente al olvido”.

Blanqueamiento integral de Bildu por el Gobierno de Sánchez

Pedro Sánchez: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 o 20 veces»

El pasado 5 de febrero se conmemoró asimismo el XXX aniversario del asesinato del diputado socialista Fernando Mújica a manos de ETA. En la XXVI conmemoración, su hijo Rubén recordó que, al día siguiente, escupieron a su madre en las calles de San Sebastián, hicieron pintadas en la casa familiar y pusieron escolta a sus hijos. “Es de necios, o de malintencionados, llamar a eso conflicto. Llamemos las cosas por su nombre: no hubo conflicto, que es cosa entre iguales. Tampoco hubo guerra, y esto va para los que manosean la palabra paz. Llamemos las cosas por su nombre: hubo una persecución totalitaria, violenta y racista, planificada y ejecutada contra ciudadanos indefensos”. Estremecía ver que no hubiera respuesta social a lo que, en cualquier rincón de Europa, sería inconcebible: fanfarrones recibidos como héroes a su salida de prisión. Han sido años de abandono de las víctimas de ETA y de los que tuvieron que abandonar la tierra por su chantaje, años de compadreo con los mensajeros de los criminales, muchos de los cuales han pasado de la capucha al escaño —desde 2011, Bildu ha presentado como candidatos a diversas elecciones a un centenar de condenados por delitos de terrorismo—. Como ha comentado Jaime Mayor, ETA se ha extendido territorialmente y está, mediante sus herederos, más presente que nunca en la sociedad vasca y en el horizonte político y social. Ya no necesita matar porque, a través en la política, puede conseguir lo que antes perseguía con las armas. No hay proceso de resolución de conflictos que no implique el pago de un precio político. “La gravedad radica en la potencia que adquiere la exigencia de la autodeterminación, el derecho a decidir, que requiere previamente un cambio de la política penitenciaria”.

A ello se ha dedicado el PSOE con determinación, pese a sus declaraciones en contrario. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó —no tanto tiempo ha— que todo el mundo sabía que ETA era una banda terrorista y no reconocerlo era no solo cobarde, sino un negacionismo incompatible con la democracia y un absoluto desprecio a las víctimas y a la sociedad española y vasca. Sánchez recordó que no era una banda armada, ni un movimiento de liberación nacional, sino una banda terrorista que había sido derrotada por la democracia española y dejó constancia de su opinión sobre su heredero universal en las actas del Congreso: “Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 o 20 veces. Con Bildu —se lo repito— no vamos a pactar… Lo he dicho así en público y en privado, y lo digo aquí para que conste en acta”. Ni el PSOE ni el PS de Navarra pactarán con Bildu para formar un Gobierno a nivel nacional o autonómico, porque la gobernabilidad de España no puede descansar en partidos independentistas que quieren romperla. “!Con Bildu no se pacta nada!”. Es de sobra conocida la fiabilidad de la palabra de Sánchez. Poco tiempo después, tuvo que cambiar de opinión por exigencias del guion. Envió a Cerdán, secretario de Organización del partido y embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno Frankenstein ante la Corte de Waterloo a que pactara en secreto con Otegui y logró el apoyo de Bildu para la investidura de Sánchez en Madrid y de María Chivite en Navarra, y las contrapartidas están a la vista: la marcha triunfal del los presos etarras hacia la libertad, porque mataron muy bien y, de propina, la alcaldía de Pamplona para Joseba Asirón.

De pronto, los dirigentes socialistas se cayeron del caballo como San Pablo y vieron la luz. La vicepresidenta María Jesús Montero declaró que al PSOE y a Bildu les unía su amor a España (¡!) y el propio Sánchez afirmó que Bildu tenía más sentido de Estado que el PP —supongo que se referiría al Estado vasco independiente—. La guinda la puso el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que dijo que Bildu había hecho más por España que los que llevaban en la muñeca la bandera rojigualda, y que había salvado muchas vidas durante la pandemia —la pérdida de 854 vidas parece que se debió al cambio climático y eran “pecata minuta”—. Los turiferarios de “El País” se unieron con entusiasmo al blanqueamiento, destacando que Bildu se había centrado más en la política social que en las reivindicaciones independentistas, y nada indicaba que pretendiera imponer sus posturas más extremas. Su directora, Pepa Bueno, señaló que las elecciones autonómicas fueron una jornada histórica: Bildu había hecho bien su trabajo de normalización e integración en las instituciones vascas y la juventud sintonizaba con él porque estaba apegado al terreno. Durante la campaña electoral, el partido se “aggiornizó” y cambió el pasamontañas por la minifalda, al declarar que sus objetivos eran la libertad, la igualdad, el feminismo, el ecologismo, el euskera y el antifascismo, aunque su candidato, Pello Ochandiano, defendió que ETA no fue una organización terrorista, sino un grupo armado defensor de Euskadi, que su ciclo había terminado y que había que pasar página. Un tercio del pueblo vasco —el 32.4 %— se lo creyó y lo votó, y otro tercio se inclinó por el “independentista bueno” del PNV. Según Íñigo de la Fuente, miembro de la plataforma “Ego Non” —formada por descendientes de víctimas que no aceptan la “normalización” del terrorismo etarra, ni la impunidad de sus miembros—, la propaganda nacionalistas y el sectarismo en la educación han hecho que los jóvenes vascos crean que ETA fue una organización antifranquista, cuando cometió la inmensa mayoría de sus crímenes después de la muerte del dictador. Poco a poco se ha ido blanqueando al terrorismo de ETA e ignorando las demandas de las víctimas, porque es más cómodo olvidar que discutir. Como ha criticado Leyre Iglesias, el apoyo al terrorismo —por o por pasiva— es el agujero moral de la sociedad vasca, que ha practicado una amnesia colectiva y tratado de tornar a la página como si la organización terrorista nunca hubiera existido. Según Rafa Latorre, los Gobiernos vasco y nacional recuerdan lo ocurrido hace 80 años —Sánchez incluso dejó a Bildu meter mano en la Ley de Memoria Democrática—, pero propugnan la amnesia sobre los recientes asesinatos etarras, blanquean a sus autores y convierten a sus testaferros en aliados preferentes. Una amnesia culposa a prueba de bomba, que no puede lavar los horribles crímenes de ETA con el jabón del buenismo, ni el detergente del olvido. Como ha observado Manuel Aragón, si ETA pudo actuar a sus anchas fue porque contó con la complicidad, la tolerancia o la indiferencia de buena parte de la sociedad vasca, menospreció a las víctimas y las forzó a abandonar el país ante el rechazo social, como ha puesto magistralmente de manifiesto Fernando Aramburu en su novela “Patria”, en la que describe “un mundo en el que la ficción colectiva arrasó con la responsabilidad y hasta con la conciencia individual de una comunidad quebrada por el etnicismo y la estupidez”.

A “Ego Non” pertenece también Claudia Mújica, nieta del asesinado Fernando, quien —en unas declaraciones a Carlos Herrera en COPE— ha denunciado la autocensura en el País Vasco y en Navarra, donde no hay libertad para hablar sobre ETA y sus crímenes, la manipulación de la Historia por parte de Bildu —que pretende presentar a los terroristas como héroes— y la ausencia de medidas de las instituciones para combatir el enaltecimiento del terrorismo y garantizar la reparación de las víctimas. Ha afirmado que “el País Vasco ha sufrido medio siglo de terror y extorsión, y la expulsión de 200.000 vascos y su descendencia, que no pueden votar. Unos mataron y otros callaron y el resultado ha sido dramático”. Esta constatación ha pasado desapercibida a pesar de su importancia. Según la Fundación BBVA, 157.417 vascos —el 10% de la población de la Comunidad—, incluidos algunos familiares míos, tuvieron que abandonar su tierra debido a las amenazas de ETA, por negarse a pagar el impuesto revolucionario, lo que constituyó una auténtica limpieza étnica e ideológica. Creo que BBVA se quedó corto en su estimación, si se tiene en cuenta a los descendientes, y la expulsión afectó sensiblemente al mapa electoral. El Gobierno del PP trató de conceder a estos exiliados internos la posibilidad de votar en su región, pero el PNV —principal beneficiado del atropello, por eso de las nueces de Arzallus— se negó en redondo, alegando que supondría una afrenta al pueblo vasco y Rajoy no se atrevió. Según el artículo 7—2 del Estatuto de Autonomía de 1979, los residentes en el extranjero y sus descendientes gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el país. Un bisnieto de un vasco o de un miembro de las Brigadas Internacionales residente en el extranjero podrá votar en cualquier lugar del País Vasco, pero los vascos y sus descendientes residentes en España no. La razón es que, si se permitiera, cambiaría de forma sensible el tablero político vasco. Bildu está pletórico y crecido, porque espera superar al PNV en las próximas elecciones, y su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua —condenada por terrorismo— se ha jactado de que sus 6 diputados valen más que los 137 del PP.

Como ha señalado “El Mundo”, el Gobierno de Sánchez ha culminado el blanqueo de un partido filoetarra y lo ha refrendado ampliamente. El PSOE, que padeció los zarpazos de ETA, ha dado definitivamente la espalda a su propia historia, a su conciencia social y al mínimo respeto a la moralidad en el ejercicio de la política.